Este documento, pese a su interés e importancia, es prácticamente desconocido en nuestro país. Cuando apareció, los diarios y revistas argentinos –por sugerencia del gobierno militar- se limitaron a transcribir sus conclusiones y recomendaciones, seguidas de una refutación elaborada por el régimen. Nadie se atrevió, por razones comprensibles, a transgredir esa orden. Las organizaciones de derechos humanos no encontraron entonces una sola imprenta dispuesta a correr el riesgo de imprimirlo. La representación de la OEA en Buenos Aires, encabezada contra las normas de la Organización, mediante el subterfugio de un interinato, por un ciudadano argentino, el seños Roberto Monti, oficial retirado de la Fuerza Aérea, no cumplió con su obligación de colocar ejemplares a la venta y procurar su difusión. Más aún, ocultó o destruyó las copias que le llegaron sin que el secretario general de la OEA, Alejandro Orfila, responsable de la designación y mantenimiento de Monti en la oficina, adoptara medida correctiva alguna.

Sólo fue posible traer por nuestros propios medios desde Washington 500 ejemplares y reproducir a escondidas, mediante el sistema de fotocopiada, otros 2000, que se hicieron llegar a diarios, periodistas, jueces, obispos y personalidades relevantes, además de distribuirse entre miembros de organizaciones de derechos humanos y familias afectadas, quienes costearon la precaria y clandestina edición. En los últimos meses algunas revistas han publicado unos pocos fragmentos y nada más.

Entendemos que ha llegado el momento que el pueblo argentino lea este Informe cuyo conocimiento le estuvo vedado. Por tal circunstancia el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y la Oficina de la Solidaridad para Exiliados Argentinos (OSEA), han cooperado con la iniciativa de la Editorial “La Constitución”, para su publicación y difusión.

Las conclusiones son claras y terminantes. “A la luz de los antecedentes y consideraciones expuestos en el Informe –dice la Comisión- se ha llegado a la conclusión de que, por acción y omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron entre 1975 y 1979, numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre”.

En el mismo capítulo final, se particularizan luego, los principales derechos violados, comenzando por el de la vida. Se afirma que “personas pertenecientes o vinculadas a organismos de seguridad del gobierno han dado muerte a numerosos hombre y mujeres después de su detención; y preocupa especialmente la situación de los miles de detenidos-desaparecidos, que por las razones expuestas en el Informe se pueden presumir que han muerto”. A continuación se plantea la situación de restricciones a la libertad personal, mediante detenciones prolongadas sin proceso o condenas arbitrarias; se sostiene que se ha utilizado de manera sistemática la tortura y “otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”. Finalmente se analizan las falacias del Poder Judicial y la violación a otros derechos como el de opinión, expresión, información al trabajo, a la vida religiosa y a la actividad política y gremial.

Desde 1980, fecha de aparición del Informe, hasta la actualidad, los argentinos hemos aprendido mucho acerca de la represión clandestina y bárbara desatada por la dictadura militar. Otros hechos igualmente graves se han producido después de la publicación del Informe de CIDH. Pero éste conserva, a pesar del transcurso del tiempo, un valor probatorio y una enjundia que lo constituye en un elemento ilustratorio y acusatorio indispensable. El pueblo argentino debe conocerlo en su integridad, aunque sea tarde. Por esta razón auspiciamos su publicación y esperamos que llegue a todos los rincones de la Patria, para que sirva de conciencia crítica para el futuro, de pieza condenatoria para los responsables y de garantía de que en la Argentina estos episodios no podrán repetirse.

Emilio Fermín Mignone y Augusto Conte

Buenos Aires, Enero de 1984