Ante la inminencia de la asunción de un nuevo gobierno democrático, que presumiblemente intentaría juzgar los crímenes cometidos durante el “Proceso”, los militares dieron a conocer, en abril de 1983, un informe denominado “Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo”.

En ese informe las Fuerzas Armadas ofrecían una versión justificatoria de su propio accionar. El pasado se presentaba como una “guerra” de consecuencias dolorosas pero inevitables, en la que, “como en toda guerra”, se habían cometido algunos “errores y excesos”. Había sido, en definitiva, una “guerra sucia”. Este documento, advertía, además, que “...quienes figuran en nóminas desaparecidos (…) se consideran muertos”.

El “Documento Final” fue categóricamente rechazado por el movimiento de derechos humanos, por la mayor parte de los actores políticos movilizados y por importantísimos sectores de la opinión pública.