El 9
de diciembre de 1985, la Cámara Federal dicta
sentencia en el marco del Juicio a las Juntas Militares
(Causa 13. Año 1985). La sentencia confirmaba
la noción de un plan sistemático de
exterminio, justificaba la fuerza probatoria de los
testigos y descalificaba los argumentos de la defensa.
Sin embargo, las condenas fueron menores que las pedidas
por el fiscal en su alegato.
Los acusados fueron los integrantes
de las tres primeras juntas militares: Jorge Rafael
Videla (Comandante en Jefe del Ejército entre
1976 y 1978), Emilio Eduardo Massera (Comandante en
Jefe de la Armada entre 1976 y 1978) y Orlando Ramón
Agosti (Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea,
entre 1976 y 1978) que conformaron la primera junta
militar (1976 – 1980); Roberto Eduardo Viola
(Comandante en Jefe del Ejército, entre 1978
y 1979), Armando Lambruschini (Comandante en Jefe
de la Armada, entre 1978 y 1981), Omar Domingo Rubens
Graffigna (Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea,
entre 1978 y 1979), que formaron parte de la segunda
junta militar (1980-1981); y Leopoldo Fortunato Galtieri
(Comandante en Jefe del Ejército, entre 1979
y 1982), Jorge Isaac Anaya (Comandante en Jefe de
la Armada, entre 1981 y 1982), Basilio Lami Dozo (Comandante
en Jefe de la Fuerza Aérea, entre 1979 y 1982),
que integraron la tercera (1981-1982).
Documento Final de la Junta Militar sobre la
guerra contra la subversión y el terrorismo
Ante
la inminencia de la asunción de un nuevo gobierno
democrático, que presumiblemente intentaría
juzgar los crímenes cometidos durante el “Proceso”,
los militares dieron a conocer, en abril de 1983,
un informe denominado “Documento Final de la
Junta Militar sobre la guerra contra la subversión
y el terrorismo”.
En ese informe las Fuerzas Armadas
ofrecían una versión justificatoria
de su propio accionar. El pasado se presentaba como
una “guerra” de consecuencias dolorosas
pero inevitables, en la que, “como en toda guerra”,
se habían cometido algunos “errores y
excesos”. Había sido, en definitiva,
una “guerra sucia”. Este documento, advertía,
además, que “...quienes figuran en nóminas
desaparecidos (…) se consideran muertos”.
El “Documento Final”
fue categóricamente rechazado por el movimiento
de derechos humanos, por la mayor parte de los actores
políticos movilizados y por importantísimos
sectores de la opinión pública. .Leer
el Documento Final de la Junta Militar
Estrategia represiva de la dictadura militar. La doctrina
del paralelismo global - Augusto Conte Mac Donell
y Emilio F. Mignone
Durante
la última dictadura militar (1976-1983) la
labor de diversos organismos de derechos humanos,
de familiares de personas detenidas-desaparecidas,
de sobrevivientes de centros clandestinos de detención
y de exiliados estuvo orientada, en gran medida, a
la denuncia en el espacio internacional de la violación
masiva y sistemática de los derechos humanos
por parte del Estado argentino.
En ese marco, un grupo de abogados argentinos exiliados
en Francia emprendió la organización
de un Coloquio que tuvo finalmente lugar en París
a comienzo de 1981- sobre las desapariciones forzadas
de personas con el fin de contribuir al aislamiento
de la dictadura militar. Durante el mismo, Augusto
Conte Mac Donell y Emilio F. Mignone presentaron un
trabajo que caracterizaba a la doctrina represiva
de la dictadura militar como la doctrina del paralelismo
global (por el paralelismo entre un orden normativo,
público y uno fáctico, secreto). Leer
el texto (Fuente: CELS)
Informe sobre la situación de los derechos
humanos en Argentina (1980)
En septiembre
de 1979, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) visitó la Argentina. Se trataba,
en rigor, de una misión de observación
en respuesta a las denuncias recibidas. Durante el
tiempo que duró la misión, la Comisión
entrevistó a numerosas personalidades, a autoridades
públicas y a miembros de organizaciones de
la sociedad civil y de Derechos humanos.
Por otro lado, la Comisión
invitó, a través de la prensa, a todos
aquellos que consideraran que algunos de los derechos
establecidos en la Declaración Americana habían
sido violados a presentar la correspondiente denuncia.
Durante una semana se recibieron 5580 denuncias en
varias ciudades del país.
El informe correspondiente fue aprobado
en 1980, en él se reflejaban claramente las
graves violaciones a los derechos humanos. Fue por
ello que el gobierno militar sólo permitió
la publicación de sus conclusiones. Sin embargo,
el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) logró
distribuir clandestinamente 500 ejemplares del informe
completo que incluía los nombres de los entrevistados
y otras precisiones. Fuente: CIDH.Leer
el informe (Fuente: CIDH)
Solicitada "Sólo pedimos la verdad"
(10 de diciembre de 1977)
La solicitada, publicada en el Diario La Nación
el 10 de diciembre de 1977, fue suscripta por alrededor
de ochocientos familiares de personas desaparecidas
que reclamaban por el destino de sus seres queridos.
Dos días antes de su difusión, varias
personas fueron secuestradas y desaparecidas para
desalentar la difusión de este documento. Las
Madres de Plaza de Mayo decidieron continuar adelante
con la publicación.
La operación por la cual estas
personas desaparecieron fue dirigida por Alfredo Astiz,
quien se infiltró en la organización
bajo el seudónimo de Gustavo Niño. En
la tercera columna del documento, abajo, puede leerse
dos veces la firma de Gustavo Niño (con un
renglón de diferencia y dos números
de documento de identidad distintos).Ver
la solicitada
Comunicado Nº1 de la Junta de Comandantes Generales
de las Fuerzas Armadas (24 de marzo de 1976)
El 24 de marzo de 1976 Jorge Rafael Videla (Comandante
en Jefe del Ejército entre 1976 y 1978), anunció a
través del Comunicado Nº1 que la Junta de Comandantes
Generales de las Fuerzas Armadas había tomado el poder.Escuchar
el Comunicado
Operativo Independencia (decreto presidencial N°
261 del 5 de febrero de 1975)
El decreto
presidencial N° 261 del 5 de febrero de 1975 (aprobado
y refrendado durante el gobierno de la Presidente
María Estela Martínez de Perón
por el gabinete de gobierno y por el Congreso respectivamente),
daba lugar al “Operativo Independencia”.
El Ejército pasaba a ocupar buena parte de
la provincia de Tucumán con el objetivo de
“aniquilar” el foco guerrillero instalado
allí desde finales de 1974.
Cinco mil hombres (conscriptos,
oficiales y suboficiales del Ejército, a los
que más tarde se sumaron efectivos de la Marina,
la Fuerza Aérea y la Policía) participaron
en la primera “batalla” de la “guerra
antisubversiva”, enfrentándose a un contingente
de poco más de un centenar de guerrilleros.
El accionar en Tucumán configuró el
modelo represivo que más tarde se aplicaría
a escala nacional.Ver
el decreto
Juicio a las Juntas Militares (Causa 13/84)