Durante los años ’70 la Argentina atravesó un proceso político de intensa movilización social y política que fue drásticamente reprimido por la dictadura más sangrienta de la historia del país. El terrorismo de Estado, aplicado en todo el territorio nacional, tuvo como objetivo el disciplinamiento de la sociedad y orientó su actividad represiva fundamentalmente a las organizaciones sociales y políticas. Los sindicatos, las agrupaciones estudiantiles, organizaciones de derechos humanos y movimientos políticos fueron perseguidos y sus militantes encarcelados, asesinados, desaparecidos.
Las instituciones, organizaciones y personas que protagonizaron la resistencia al terror estatal, así como quienes lo implementaron, produjeron numerosos documentos como resultado de sus acciones. Los mismos constituyen hoy un acervo de importancia crucial para conocer ese pasado, porque registran las diversas dimensiones y prácticas de la represión clandestina estatal, antes y durante el período dictatorial iniciado el 24 de marzo de 1976. A este acervo se agrega la documentación producida durante el período de la llamada reapertura democrática en el que se conformó la CONADEP , y más tarde se inició el juzgamiento a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
Los obstáculos para consultar los archivos en nuestro país son diversos. Tomar conciencia de estos problemas es importante, pero resulta fundamental avanzar en caminos para lograr un acceso cada vez más amplio, teniendo en cuenta el rol que esos documentos cumplen en los procesos de reparación a las víctimas y en los juicios para establecer las responsabilidades en los crímenes cometidos. Tan importante como lo anterior, es destacar que estos archivos constituyen una herramienta central en el proceso de construcción y transmisión de las memorias, la investigación histórica y la prevención de futuras situaciones de autoritarismo o de ruptura de la legalidad.
Las diversas realidades en cuanto a gestión, custodia y acceso a estos documentos en los archivos afrontan sin embargo problemáticas similares, lo cual nos habla de la necesidad de avanzar colectivamente en la elaboración de pautas comunes en función de la ampliación de su acceso. La investigación comparativa sobre normas y medidas adoptadas en cumplimiento de recomendaciones internacionales; el debate sobre la relación entre institucionalidad democrática y acceso a la información pública –en particular a los archivos históricos- son algunos de los tópicos que requieren nuestra atención.
Desde su fundación, Memoria Abierta ha trabajado para la preservación, el ordenamiento y la generación de herramientas para facilitar la consulta de estos acervos a un público amplio. Nuestra preocupación por los archivos se materializa en la tarea permanente de preservación y ampliación de la consulta de los archivos de las organizaciones miembro (APDH, CELS, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y SERPAJ) así como en la recuperación de otros archivos sobre el período o la creación de mecanismos para dar a conocer acervos de características similares en la región latinoamericana.
La incorporación de estos archivos en el registro del Programa Memoria del Mundo de UNESCO, del mismo modo que lo fueron en 2002 los archivos chilenos, es un paso más en este camino. A partir de este logro, deberíamos pensar ahora con la responsabilidad de formar parte del Patrimonio de la Humanidad de qué modo es posible avanzar no sólo en la preservación de estos archivos, sino en la determinación de sus niveles de acceso de acuerdo a criterios racionales y fundados. Ese es, en definitiva, el sentido de este encuentro.
Auspiciado por: Consejo Internacional de Archivos, Archiveros sin Fronteras, y la Comisión Nacional Argentina para la UNESCO.
Con el apoyo de: Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
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