La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó el sábado por la noche en un programa televisivo: “Yo no avalo que Argentina vuelva a la violencia, ni avalo que el mundo era de ángeles y demonios. Eso no es la verdad. Mientras la Argentina tenga un relato de que el mundo era de ángeles y demonios nunca vamos a asumir la verdad, porque la verdad es que los demonios no eran tan demonios ni los ángeles tan ángeles”. Con sus dichos, la ministra pretende reducir explícitamente la gravedad de las acciones criminales perpetradas en el marco del terrorismo de Estado, que han sido sólidamente probadas por el sistema de justicia argentino y en tribunales de otros países, restando responsabilidad a los perpetradores e inculpando a las víctimas.
Las declaraciones de la ministra revisten mayor gravedad porque las formula en su condición de autoridad y responsable política de las instituciones y fuerzas de seguridad federales. Emite un mensaje institucional negativo que relativiza las graves violaciones a los derechos humanos que fueron perpetradas, entre otras, por las mismas instituciones que actualmente se encuentran bajo su órbita. Formuladas en el contexto de la desaparición de Santiago Maldonado tras un operativo represivo de la Gendarmería Nacional a una protesta social, sus palabras adquieren un carácter inquietante. La ministra sostuvo hipótesis que conducen a culpabilizar a la víctima y/o estigmatizar a la comunidad mapuche y realizó una defensa cerrada de lo actuado por la fuerza a su cargo, sin sancionar ni apartar preventivamente a los agentes que participaron de la represión.
Las manifestaciones de la funcionaria constituyen un salto cualitativo en relación con el discurso oficial en materia de derechos humanos de la actual gestión que, con oscilaciones, ya incluyó reiteradas afirmaciones revisionistas y hasta negacionistas del terrorismo de Estado. El gobierno nacional debe aclarar si lo manifestado por la ministra Patricia Bullrich representa la posición oficial, lo que, sin duda, constituiría un profundo retroceso para el proceso de memoria, verdad y justicia, cuya promoción y defensa ha sido una política compartida por todos los poderes del Estado argentino.
Memoria Abierta*
*Memoria Abierta está integrada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Buena Memoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión de Homenaje a las Víctimas de Vesubio y Protobanco, Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj)