MEMORIAS DE LA MEMORIA

Desde mediados de los años setenta en Argentina, en un contexto de creciente violencia estatal y de violación masiva y sistemática de los derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos se hicieron cargo de la denuncia en el ámbito nacional e internacional de los crímenes de Estado, de la contención de víctimas y familiares y de la búsqueda de información acerca del destino de los desaparecidos y los prisioneros políticos. De naturaleza diversa y con un desarrollo desigual, se constituyeron, así, en actores centrales de la resistencia a la dictadura instaurada el 24 de marzo de 1976 y obtuvieron una amplia trascendencia a nivel regional e internacional que continúa aun en la actualidad.

A excepción de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), que existía desde 1937, vinculada al Partido Comunista y heredera del Socorro Rojo Internacional, las agrupaciones que componen el movimiento de derechos humanos se formaron entre el gobierno de María Estela Martínez de Perón y los primeros años de la dictadura militar inciada en marzo de 1976. El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) se creó en 1974 como confluencia de diversos grupos comprometidos con la promoción de los valores cristianos y la metodología de la acción no violenta. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) a fines de 1975, nucleando un conjunto heterogéo de políticos e intelectuales comprometidos en la denuncia de los secuestros y asesinatos. En esos mismos meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, se creó el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) vinculado al Consejo Mundial de Iglesias.

Durante los años 1976 y 1977, fueron surgiendo los llamados organismos de afectados: Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas (Familiares) a comienzos de 1976, la Asociación Madres de Plaza de Mayo (Madres) y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (Abuelas), formadas hacia abril y octubre de 1977, respectivamente. Estas últimas, aunque inicialmente usaron la denominación de Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos fueron prontamente conocidas como Abuelas de Plaza de Mayo, nombre que adoptaron definitivamente en 1980. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se fundó en 1979. Su creación respondió a la necesidad de encarar acciones rápidas y decisivas para detener las graves violaciones de los derechos humanos y proporcionar ayuda legal y asistencia a los familiares de las víctimas, especialmente en el caso de detenidos-desaparecidos.

Además de esas ocho organizaciones, que componen el conjunto que se ha denominado “histórico”, existen muchos otros grupos -algunos de carácter nacional y otros con presencia y desorrollo en distintos lugares del país- que se han formado en los años posteriores. Entre ellos cabe mencionar al Movimiento Judío por los Derechos Humanos (MJDH), creado en 1980 por miembros de la colectividad judía argentina; la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina formada en 1987 y constituida por un grupo de familiares de las víctimas de la represión; la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos y desde mediados de la década de 1990 Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.).

Los organismos de derechos humanos basaron su estrategia en la combinación de un trabajo de acumulación de información sobre casos individuales, de presentación de denuncias y de realización de intervenciones en el espacio público, cuyo ejemplo más notorio es la presencia desde 1977 de las Madres en la Plaza de Mayo. La APDH y Familiares centralizaron un vasto registro de denuncias, aunque éstas también eran recibidas en otros organismos.

La combinación de estrategias de denuncia pública con la elaboración de documentación probatoria de los crímenes del terrorismo de Estado (fundamentalmente a través de la sistematización de testimonios y pruebas para la denuncia del sistema clandestino de represión) ha sido una política constante por parte del movimiento de derechos humanos.

Al caer la dictadura, las organizaciones de derechos humanos ofrecieron la documentación que habían reunido para que forme parte de la investigación sobre el funcionamiento del terrorismo de estado y sobre sus consecuencias que realizó la Comisión Nacional sobre la Desaparición Forzada de Personas (CONADEP). También tuvieron un rol destacado en el Juicio a las Juntas Militares que tuvo lugar en 1985; en el procesamiento de cientos de miembros de las fuerzas armadas en distintos momentos; en la elaboración de estrategias para pensar y articular formas de avanzar hacia la justicia diseñando caminos que contribuyeron a remover los obstáculos que buscaban consagrar la impunidad (Leyes de Punto Final y Obediencia Debida e Indultos) y promovieron medidas amplias de reparación a las víctimas (desaparecidos, detenidos, leyes de reconocimiento de ausencia por desaparición forzada). Por su lado, Abuelas se abocó a acciones tendientes a la restitución de la identidad de jóvenes apropiados y a propiciar los juicios por el delito de “sustracción sistemática de menores” o “robo de bebés”. En ese sentido, la conformación de un Banco Nacional de Datos Genéticos y de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), la legislación específica del derecho a la identidad y el apoyo de los organismos internacionales, fueron hechos de suma importancia en este recorrido.

Es así que el trabajo de estas organizaciones continuó a lo largo de toda la etapa constitucional post-dictadura, a través de acciones en reclamo de verdad, memoria y justicia con una amplia receptividad por parte de sectores de la sociedad civil y con capacidad de incidencia en el tratamiento judicial de las violaciones a los derechos humanos.

Más recientemente, el grupo mayoritario de organizaciones que componen el Movimiento de Derechos Humanos ha alentado y participado con diverso grado de intensidad en actividades orientadas a mantener viva la memoria sobre lo ocurrido durante la dictadura militar.

Los últimos años, la agenda de las organizaciones de derechos humanos se ha ampliado, aunque no de manera uniforme. Por ejemplo, entre las áreas de intervención del CELS se encuentra la protección legal de los derechos sociales, el reconocimiento de derechos a individuos y grupos vulnerables, el análisis y monitoreo de políticas sociales y de servicios públicos, así como también la denuncia de las violaciones a los derechos humanos ocasionadas por el accionar violento de las fuerzas de seguridad y el seguimiento de la situación de los presos en todo el país.

La colección de documentos, fotografías y testimonios que presentamos a continuación muestra la persistencia del trabajo de los organismos y los modos en que la experiencia adquirida durante el período de resistencia a la dictadura se reformuló y resignificó para promover acciones de justicia y de reparación y acompañar los reclamos por derechos vulnerados por el Estado en democracia, a partir de considerar la diferentes formas de violencia institucional como una práctica no solo del terrorismo de Estado sino como una práctica actual, en la que se puede ver una continuidad.